El Gobierno argentino anunció el
lunes que enviará un proyecto de ley al Congreso para expropiar el 51
por ciento de la petrolera YPF, a la que acusa de la persistente caída
de la producción de petróleo y gas en el país.
Argentina intervino la petrolera
YPF y buscará expropiar un 51 por ciento de la empresa controlada por la
española Repsol-YPF, una decisión que acentúa la presencia estatal en
la economía y disparó un conflicto con Madrid, que amenazó con
represalias.
La presidenta argentina, Cristina
Fernández, anunció entre aplausos que enviará al Congreso un proyecto
para expropiar la mayoría de YPF, la empresa más grande del país, a la
que culpa por una caída en la producción de hidrocarburos que obliga a
realizar importaciones y erosiona el superávit comercial.
“YPF es de todos, quiero que lo tengamos muy claro”, dijo Fernández en un discurso por cadena nacional.
Según legisladores y gobernadores el
Congreso aprobaría rápidamente la propuesta, que Fernández dijo que
busca darle al país libertad para decidir su política energética y
recuperar un perdido autoabastecimiento.
La mandataria detalló que las
acciones que se buscan expropiar son exclusivamente las que tiene
Repsol-YPF y no la de otros socios privados. Ante ese anuncio, el
Gobierno de España dijo que interpreta la decisión como “un gesto
hostil”.
“El Gobierno condena con absoluta energía la arbitraria decisión de Argentina de expropiar las acciones de Repsol en YPF”, dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, tras una reunión de urgencia con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.“Habrá consecuencias”, agregó.
Previamente Fernández dijo que no respondería lo que calificó como amenazas hechas desde España.
“Esta Presidenta no va a contestar ninguna amenaza, no va a responder ningún exabrupto, no se va a hacer eco de la falta de respeto ni de frases insolentes, porque represento a los argentinos, soy una jefa de Estado, no una patotera (matona)”, dijo.
Repsol-YPF tiene un 57,4 por ciento de
YPF, mientras que el Grupo Petersen, el mayor accionista local y
perteneciente a la familia local Eskenazi, posee un 25,4 por ciento.
La firma española dijo que
considera “ilícita” la decisión tomada por Fernández y que combatirá
legalmente la medida, lo que indicaría que el conflicto podría terminar
en otra demanda contra Argentina en el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial.
La Unión Europea, el segundo mayor mercado de exportación para Argentina, también reaccionó rápidamente.
“Una toma de control forzada por parte del Gobierno argentino será una señal muy negativa para los inversores, nacionales e internacionales, y podría dañar seriamente el ambiente de negocios en Argentina”, dijo el portavoz de comercio de la Unión Europea, John Clancy.
Carlos Bastos, un experto del
sector energético local, dijo que la medida ahuyentará las millonarias y
muy necesarias inversiones para desarrollar el megayacimiento argentino
Vaca Muerta, con enormes recursos de hidrocarburos no convencionales.
“No creo que haya ninguna inversión de riesgo que esté dispuesta a invertir en el país”, dijo Bastos.
El proyecto de ley comenzará a ser
analizado el martes en el Congreso argentino, coincidieron los
legisladores oficialistas Aníbal Fernández y Agustín Rossi. España
critica a Argentina, advierte represalias
felicidades argentina por reclamar lo que es tuyo
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